Desde que comenzó la Crisis por la erupción volcánica en la Isla de La palma, se han alzado voces de todos los ámbitos afirmando con rotundidad que agricultores y ganaderos, pese a estar acogidos a «agroseguro», no están protegidos, ni por dicha entidad ni por el Consorcio de Compensación de Seguros.
Vamos, que ambos entes públicos le dan la espalda a los afectados por el volcán en el sector primario.
Estas voces se basan en un vacío legal en el que ni la normativa de Agroseguro cubre las erupciones volcánicas, ni se prevé en dichos seguros el pago del recargo al Consorcio que posibilitaría la asunción por este de los daños en explotaciones agrícolas como ha ocurrido con las viviendas.
Desde estas líneas defendemos que otra interpretación de tales normas es posible y que ante dicho vacío legal, estas entidades públicas no pueden hacer oídos sordos a la escalofriante realidad social que se está viviendo en la Isla de La Palma.
En el siguiente enlace puede consultarse el artículo de Don Carlos Cabrera Padrón -Abogado del Estado en excedencia- que defiende la necesaria interpretación de la normativa de aplicación a favor de los afectados.
